La acumulación de noticias sobre las empresas públicas aragonesas y la falta de información del Gobierno de Aragón acerca de las mismas, de su personal, contratos y finanzas son sencillamente estremecedoras.Todas las evidencias apuntan a una claudicación, a un colapso del Estado de Derecho; a la certeza de que nos roban y nos mienten y de que son impunes, inalcanzables por la Justicia, e intocables. Pueden seguir haciéndolo sin temor y, cada vez más, sin reservas ni disimulos. A los aragoneses informados y conscientes sólo nos queda agachar la cabeza, perdidos y abrumados entre la gran mayoría de ciudadanos desinformados y, por ello mismo, conformes, y pagar.
Observen la noticia del Heraldo de Aragón de hoy, día 6 de enero, sobre la falta de información de nuestro Gobierno autonómico a la oposición:
En la edición de ayer, el Heraldo aludía a un párrafo del Tribunal de Cuentas, donde, en relación con las empresas públicas, señalaba que sólo indica “irregularidades” y que no declara actuaciones “ilegales”, porque es un órgano “fiscalizador”. Los socios de gobierno, PSOE y PAR, se han apresurado a señalar, falazmente, que el Gobierno “ha actuado conforme a la legalidad”, cuando del informe, demoledor, se desprende todo lo contrario. No ha habido prácticamente una sola norma que no hayan transgredido. ¿Y transgredir las normas es actuar dentro de la legalidad?
(Ello suscita una duda para el futuro: si la Cámara de Cuentas aragonesa, cuando se cree, tiene sólo ese cometido fiscalizador, aunque actúe con más diligencia y rapidez que el Tribunal de Cuentas, va a estar sujeta a las mismas limitaciones legales. Sólo podrá realizar una fiscalización contable y de conformidad al procedimiento. A la vista de lo hechos, algo totalmente insuficiente).
El Tribunal de Cuentas ha analizado además 35 licitaciones de la DGA, al azar, ante la imposibilidad de investigarlas todas. Y ello con un retraso de 4 años. ¿Qué irregularidades no habrá en las no investigadas?
El Tribunal de Cuentas señalaba que la contratación de personal de las empresas públicas se ha hecho al margen de los criterios de mérito y capacidad. ¿Con qué criterios se ha hecho entonces? Cada vez son más frecuentes los testimonios de ciudadanos que conocen casos de nepotismo y colocación de la militancia de los partidos gobernantes. ¿Se referirá a eso el Tribunal de Cuentas?
La oposición se enfrenta a un serio reto: se está incumpliendo el Reglamento de las Cortes que obliga al Gobierno a dar la información que se solicita. ¿Es el Reglamento una Ley? ¿Puede su infracción considerarse falta o delito? ¿Puede denunciarse su infracción ante la Justicia? Si se puede, debería hacerse: hágase.
¿Y ante las irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas, que es un órgano fiscalizador, podría actuar la Fiscalía del Estado? ¿Debería actuar? ¿Si el Tribunal de Cuentas detecta indicios de ilegalidad, debe denunciarlo a la Fiscalía?
¿Y el Justicia de Aragón qué opina de esto? ¿Y los sindicatos de funcionarios? ¿Sirven el uno y los otros de algo o son órganos prescindibles?
Y una última observación: a destacar el ominoso silencio del periódico progubernamental: El Periódico de Aragón. Una vergüenza el periodismo sectario que practica. Si es que se le puede llamar periodismo a eso.
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