Presupuestos al gusto.

He aquí el artículo de ayer domingo de Guillermo Fatás, el director de El Heraldo de Aragón, que me parece de lectura casi imprescindible:

"El Estatuto de Aragón estipulaba un acuerdo con el Estado sobre tributos que nunca se cumplió, pues ningún Gobierno central quiso asumir su parte. Si al contrario que el aragonés, el Estatuto catalán y el andaluz parecen te­ner más vigor, no es por su mejor condición legal, sino por decisión del Gobierno.

Ambos Estatutos reservan para sus Comunidades una aportación a medida en los Presupuestos Ge­nerales del Estado, lo que no sirve de nada, a menos que el Go­bierno esté conforme y que las Cortes Generales aprueben cada año una Ley de Presupuestos con esas cantidades. El Gobierno ya ha dicho que sí y con efectos' re­troactivos: en Cataluña, allegando unos cientos de millones que hace un año eran calificados de insensatez y ahora son un para­digma de cálculo justiciero; y en Andalucía, por la incontrolable vía de la deuda "histórica".

Para mejorar un poquito la cifra asignada en el borrador inicial, se previó que Aragón recibiese al fi­nal unos 1.300 millones de euros. Por comparación, 'Andalucía y Cataluña se llevan la parte del le­ón, pero no porque lo dispongan sus Estatutos, sino porque le con­viene al Gobierno. Ningún Esta­tuto, diga lo que diga su texto, puede dictar a las Cortes Genera­les los Presupuestos del Estado, pues sería tanto como despojar­las de su soberanía. Los Parla­mentos modernos nacieron por­que la gente quería votar qué im­puestos pagaba y la primera democracia occidental, la de los EE.UU., surgió porque la Corona se negaba a debatir de tributos con los colonos de América.

Por otra parte, el anómalo y lamentable silencio del Tribunal Constitucional sobre la legalidad de algunos preceptos del Estatu­to de Cataluña hace que este se aplique ya sin haberse certificado por completo su constitucionali­dad, dudosa en varios puntos. ¿Li­mitará el Tribunal las disposicio­nes que reservan cada año dine­ro del Gobierno central a Catalu­ña y a Andalucía en proporción al producto interior bruto de la una y a la población de la otra? ¿Está obligado el Gobierno nacional a asumir esas prescripciones? No necesariamente. ¿Y un diputado o un senador? Menos todavía. Otra cosa será que lo hagan o lo dejen de hacer.

No es sensato que cada parte del conjunto decida por su cuen­ta con qué criterios hay que disponer de los bienes comunes. Unos prefieren recibir según su riqueza; otros, en proporción in­versa a la misma; estos, por su po­blación; aquellos, por la exten­sión; o por la dispersión; o por la lejanía; y aun por los siglos preté­ritos. Cuando cada parte calcula su porcentaje según el concepto que le magnifica el beneficio, el total requerido supera siempre el cien por ciento.

Pero, con ser eso una sinrazón, lo peor es que se olvida que el Es­tado de las Autonomías se apoya en dos tipos de administraciones, las autonómicas y la central y que la armonía del conjunto depende de la eficacia y rigor de la segun­da.

A la izquierda española le había preocupado hasta ahora la cohe­sión social del país y; en particu­lar, la distancia entre pobres y ri­cos y lograr cierta homogeneidad de recursos para que los grupos más pobres no se conviertan en marginales. Sucede, empero, que las desigualdades territoriales se están consolidando políticamen­te en ,estos años. Las distancias aumentan. Precisamente cuando se barrunta un clima económico más frío y se acaban las cuantio­sas ayudas europeas al desarrollo de España y a su equilibrio inter­no, hay en nuestro país regiones que sobrepasan ya en un tercio la renta media de la UE mientras que otras no llegan siquiera a los cuatro quintos. Una diferencia excesiva y que no disminuye.

Se reivindica la "memoria his­tórica", pero no para recordar el prolongado proteccionismo esta­tal en pro del hierro vasco y del textil catalán y la persistente con­tribución que, durante el franquismo, hicieron a ello las tierras pobres; y no solo con sus inmi­grantes, sino con su ahorro en metálico, que financió gran parte de las infraestructuras que ci­mentaban la opulencia y que fue­ron creadas por acción de un Es­tado que prefirió -y-logró- poten­ciar a las regiones más acomoda­das. El Gobierno de España, en vez de frenar el auge del particu­larismo territorial, cede demasia­do en detrimento de una igualdad general de oportunidades, sin acepción de regiones; que no se remedia con subvenciones, sino con inversiones básicas (como lo­grar, por ejemplo, que Aragón, en el siglo XXI, no esté aún cortado [sic] de Francia). Tiempo atrás, eso eran metas del socialismo".

Observen, no obstante, que, aunque con mucha más elocuencia, no dice nada que no se haya dicho antes en este blog.

Y olvida, por otra parte, que los Estatutos no son leyes propias de cada Comunidad Autónoma, sino leyes orgánicas españolas, aprobadas en el Parlamento nacional.

Cómo puedan votarse por el mismo órgano legislativo leyes contradictorias y que en el tema de la financiación colisionan con el principio constitucional de solidaridad interterritorial y entre sí al ser matemáticamente incompatibles es algo que algún estadista -no los hay en España- debería plantearse alguna vez... y obrar en consecuencia.