¿Tribunal Constitucional?

Después del paso de Rodríguez Zapatero por el Gobierno, todas las instituciones parecen haber caído en el descrédito. ¿Queda algo reconocible que permita pensar que estamos en un Estado de Derecho?

Ya en otra ocasión copié un artículo de José Luis Castro Polo del Heraldo. Hoy vuelvo a hacerlo, dado el interés del que hoy publica de nuevo en el mismo periódico, en esta ocasión sobre la reciente sentencia del Tribunla Constitucional que absuelve a los Albertos.

Togas y gabardinas

La alucinante sentencia del Tribu­nal Constitucional declarando la impunidad de la estafa en masa de los Albertos a los socios de Urba­nor marca un antes y un después.

El descrédito del Alto Tribunal es absoluto. La indignación en la calle es general. Se trata de una sentencia sin ninguna base jurídica, aun­que como el papel lo aguanta todo -ya vimos en fechas no muy lejanas que se llegó a decir hasta que un preso, un tal De Juana Chaos, un angelito, podía salir de la cárcel si no quería comer entre rejas y prefería hacerlo en su ca­sa- se hace referencia a la vulneración al de­recho a la tutela judicial efectiva.

Pues bien, la figura de la prescripción no tie­ne nada que ver ni con ese derecho ni con nin­guno, puesto que la misma lo que supone es una limitación temporal al ejercicio de la po­testad punitiva del Estado que es algo muy di­ferente. ¿Desde cuándo la prescripción forma parte del patrimonio jurídico de los particulares? ¿En qué manual de Derecho Penal figura la más mínima referencia a ese planteamiento en España o en cualquier parte del mundo? Confundir potestad pública con derecho sub­jetivo no lo hace ni el estudiante más vago y tonto de primero de Derecho, al que segura­mente veremos dentro de unos años ocupando algún alto cargo político.

El cómputo de plazos de prescripción es una cuestión de legalidad ordinaria, sin relevancia constitucional alguna, careciendo el TC de competencia para enjuiciar la materia y no de­bió ni siquiera admitir a trámite el recurso de amparo. Tanto más cuando escasamente ad­mite el 5% de los interpuestos y en este caso se dio hasta prisa en admitirlo. ¿Por qué sería? Dejémoslo a la imaginación del lector, que seguro que acierta.

Ningún TC del mundo ni el Tribunal de De­rechos Humanos de Estrasburgo ha admitido nunca un recurso basado en interpretaciones sobre la prescripción, no obstante ser el dere­cho a la tutela judicial efectiva reconocido en todos los Estados de derecho. ¿Se equivocan todos los Tribunales menos nuestro TC cuyo prestigio es, como las fincas de los latifundis­tas -los Albertos entre ellos-, manifiestamente mejorable?

Sin embargo, paradójicamente, la sentencia vulnera el derecho que dice proteger y lo vul­nera en relación con las víctimas del delito. Si anular una sentencia, que el propio TC reconoce que gozaba de base probatoria suficien­te y garantías procesales plenas, dejando im­pune un delito y sin resarcimiento de sus de­rechos económicos a los estafados no vulnera la tutela judicial efectiva, ustedes me dirán.

De otra parte, el principio constitucional de seguridad jurídica (art. 9.3 CE) se vulnera de arriba abajo, porque quien presente una de­nuncia ya no tiene certeza de si le va a servir para algo, pues dependerá no de su diligencia sino del Juzgado al que vaya a parar o de la car­ga de trabajo, o de la laboriosidad de la Ofici­na Judicial, e incluso del azar si por casualidad se extravía. Y no digamos ya si cae en uno de esos jueces expedientados por el Consejo Ge­neral del Poder Judicial que tienen atrasos de escándalo. Es sencillamente grotesco. Y final­mente, se viola el derecho fundamental a la igualdad (art. 14 CE), por cuanto cada quere­llante tendrá un plazo distinto en la práctica en virtud de esa extraña lotería procesal que se ha inventado el TC, por lo anteriormente expuesto y que es algo apodíctico.

Da la impresión de que los magistrados, pa­ra dictar esta sentencia, se han quitado las to­gas y se han puesto las gabardinas. No piense mal el lector. Ese día llovía en Madrid.

Efectivamente, el descrédito del Tribunal Constitucional es total y, como hoy señala el ABC no es más que una muestra más de la crisis en que han caído todas las instituciones del Estado de Derecho.

Deterioro institucional del TC

Lo más grave es que es ese mismo Tribunal, arbitrario, sin fundamento jurídico ni sólido ni creíble, el que ha de decidir sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán. La continuidad de España como nación parece depender sólo del resultado que salga del cubilete de los dados con que juegan sus señorías.