¿Quo vadis, PP?

Hoy tengo que formular la pregunta que temía. En artículos anteriores he preguntado quién gobierna en Cataluña y en Baleares. Hoy tengo que preguntar quién gobierna en Valencia.

Permítanme que copie un artículo publicado en el Heraldo de Aragón, el domingo, 5 de abril de 2009.

Un premio contra la lengua, por Guillermo Fatás.

¿Es sensato premiar con dinero público a quien elimine el caste­llano de la rotulación callejera? En una semana han aparecido dos ór­denes en el Diario Oficial de una comunidad autónoma bilingüe por las que su Gobierno anuncia sendas subvenciones a entidades públicas y privadas que rotulen los espacios y documentos de su incumbencia «exclusivamente» en la lengua particular de la co­munidad. Si la rotulación se hace también en castellano o español, no se puede optar a la ayuda.

El método busca el fomento de una lengua, pero mediante la anu­lación de otra, pues se exige que la rotulación sea monolingüe, ex­cluyente, lo que resta, en lugar de sumar.

En la primera de esas órdenes, fechada el 18 de febrero y publi­cada doce días más tarde, la auto­ridad quiere recompensar a los ayuntamientos que, a lo largo del año en curso, «promuevan el uso» de la lengua no castellana de dife­rentes maneras, pero con el denominador común de la anulación del español. Se premiará la rotu­lación «exclusivamente» mono­lingüe de todo género de cosas y soportes: «los indicadores urba­nos, los indicadores de vías urba­nas, la señalización interior y ex­terior de los edificios municipa­les y la señalización de caminos», para lo que el Gobierno subven­cionará «los gastos de adquisición y de rotulación de los indicado­res».

El presupuesto autonómico, pues, se hace cargo de los pagos con la condición de que las seña­les de dirección, las placas de las calles y los carteles de los edificios oficiales no se hagan en la lengua común de los españoles y oficial en todo nuestro país. Si no queda eliminada, no hay dineros.

La segunda orden, con fecha de una semana más tarde, hace otro tanto para estimular en el mismo empeño a los particulares. Por di­cho mandato se anuncian ayudas a quienes rotulen de esa forma ex­cluyente sus toldos, letreros lumi­nosos, vehículos, indicadores, productos, etiquetas, bolsas, pa­peles de embalaje o cajas. Asimis­mo puede solicitarse ese dinero público, cumpliendo el mismo re­quisito, para hacer otro tanto con los documentos internos de la empresa, sean administrativos o técnicos, sus guías y catálogos y sus páginas de Internet. Eso dice la Base Tercera de la convocato­ria.

En la Base Octava se especifica cómo se dirimirán las concesio­nes entre los aspirantes a esos di­neros del erario. Una vez llegadas las peticiones, han de baremarse, ordenarse, instruirse y resolverse, por este orden. Se atenderá, pri­mero, a que solo puede elegirse un programa subvencionable por entidad: o rotulación, o denomi­nación de productos, o documen­tación administrativa, técnica e informática, o guías o catálogos. Se estipula también con claridad que los rótulos tienen preferencia sobre todo lo demás, ya que es de suponer que los ve más gente que, pongamos, un catálogo de pro­ductos o un documento interno o de carácter técnico.

Todo este procedimiento se en­comienda a un órgano colegiado creado para la ocasión. Se llama Comisión Técnica y está com­puesta por dos representantes del Consejo de Cámaras de Comer­cio, Industria y Navegación de la comunidad, esto es, la corpora­ción oficial de las empresas. Esta comisión informará de 10 que ha­ga al Consejo, quien, a su vez, ele­vará la propuesta al Departamen­to de Educación. Este resolverá, finalmente, a quién se le da y cuánto. Una vez que lo haya he­cho, el resultado se publicará en el Diario Oficial, según ordena el consejero autonómico de Educa­ción, del cual depende la política lingüística.

En total, las dos convocatorias podrán adjudicar la bonita canti­dad de un millón de euros, a dis­tribuir por partes iguales entre las corporaciones públicas y las enti­dades privadas. Y todo como pre­mio a quien deje de usar el espa­ñol o castellano. Si no, no hay na­da que hacer.

Más de uno se asombrará al sa­ber que esto sucede en la Comunidad Valenciana bajo el gobier­no del Partido Popular. ¿Qué ga­nan los valencianos con estos es­tímulos a quien excluya la lengua común incluso de la vía pública? ¿Cómo es posible una política que se da de bofetadas con el discurso dominante del partido en otras partes de España?

Hay una máxima no escrita de la política que dice lo siguiente: “primero los propios”. Es evidente que esta política que denuncia Fatás, tan lógicamente sorprendido como yo, intenta agradar a alguien, y quizás seducirle lo suficiente como para obtener su voto. Pero, ¿a quién pretende agradar el PP?: ¿A los nacionalistas valencianos? ¿A los socialistas? ¿Cree que así obtendrá su voto? ¿Pero agradarles al precio de irritar a los propios?

En definitiva, ¡qué forma más torpe y estúpida de indignar a los propios votantes! ¡Qué forma más gratuita y absurda de traicionar el ideario de sus bases!

A veces me da la sensación de que pretendieran perder eternamente las elecciones, tan cómodos se sienten en la oposición.

PD.: La estupidez es casi tan desalentadora como la injusticia. A veces más.

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